Estrategias de la empresa en Bloque 62

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Resistencia a la empresa

Cabe preguntarse por qué después de muchos años de resistencia a la actividad petrolera, el Pueblo Siona cede a la petición de la empresa de entrar en la Reserva del Cuyabeno. Algunos autores hablan de que tal vez la fuerte aculturación o la dependencia de este pueblo a la actividad turística le generó necesidades que esperaban cubrir pero tal vez una explicación rápida de los sucesos nos permita encontrar otras respuestas. La entrada a la operación sísmica del Cuyabeno rompe con normas legales y ambientales, quebranta el ordenamiento legal en cuanto a la conservación de estas zonas de reserva y viola la Constitución Política en los artículos 86, el Art. 88 y 23 numeral 6 del mismo cuerpo legal; así como el Principio de Precaución que consta en el Art. 91 de nuestra Norma Suprema y en los principios 3 y 15 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que Ecuador suscribió.

Sin embargo, en junio del 2002, en el más absoluto silencio, la empresa llega a un acuerdo con dos de las comunidades del pueblo Siona (Puerto Bolívar y Tarapuya) para que se realice la sísmica. El convenio lo firmaron el presidente (William Criollo) y el vicepresidente de la ONISE (Organización de la Nacionalidad Indígena Siona del Ecuador), ambos de Puerto Bolívar y los presidentes y vicepresidentes de Puerto Bolivar y Tarapuya (el presidente de Puerto Bolivar es cuñado de William y la vicepresidenta es la madre de William) también firman dos testigos de honor (el padre y tío de William) y como asesor firma el director del Fondo Ecuatoriano para el Progreso de los Pueblos (FEPP). Sin consultar a dos de las comunidades miembros de la ONISE, Biaña y Orahuaya.

La Ministra del Ambiente Lourdes Luque da la licencia, a escondidas, en noviembre del 2002 y en diciembre oculta a la prensa que ya entregó los permisos. Así, los operadores turísticos se enteran en diciembre, cuando la maquinaria ya está dentro, al mismo tiempo que las dos comunidades no informadas que rechazan la entrada.

Tras las protestas de las dos comunidades y al hacerse público el conflicto interno que creó EnCana en el Pueblo Siona, la empresa procedió a entregarles dinero en efectivo: 1.150 dólares a cada miembro, mayor de 15 años, de todas las comunidades incluidas Biaña y Orahuaya. Esto aplacó la resistencia de las comunidades marginadas inicialmente y dio como resultado la firma de un nuevo convenio a finales de enero con el consenso de todas ellas. Sin embargo no tardaron en llegar las quejas pues el alcohol sigue siendo herramienta de conquista después de más de 500 años de que ésta empezara:

• Las mujeres porque sus maridos se dedicaron a beber y a frecuentar prostíbulos con el dinero entregado por la empresa.

• Por la muerte de un niño de tres años en el choque de dos canoas en el río porque el padre estaba borracho.

• De algunos Siona a quienes les robaron el dinero aprovechando su estado etílico.

• Por el accidente de tránsito con el carro donado por la empresa, que manejaba el hermano del presidente de la ONISE.

• Tras el accidente, el dirigente de la ONISE vendió el carro y se compró una moto con la cual también se chocó.

La sísmica terminó en abril del 2003. Explosionaron cargas de dinamita a escasos metros de las fuentes de agua y lechos de ríos, lo que viola el Reglamento Ambiental, sin embargo los técnicos dijeron que las detonaciones “únicamente causan estrés a la fauna y que eso es pasajero”. El impacto cultural fue tan elevado que antropólogos consultados recomendaron que no se siguiera con las siguientes etapas de explotación.

El impacto en el turismo que acudía a la Reserva de Cuyabeno fue enorme; actividades como el ingreso de cuadrillas de trabajadores, instalación de campamentos, construcción de helipuertos, apertura de trochas, detonacion de dinamita, tuvieron un impacto en la actividad del ecotursimo ya que con las detonaciones se auyentaron los animales y se puso en peligro a algunos que estan en riesgo de extinción. Segun testimonios de los turistas estaban muy molestos porque ellos entraban al Cuyabeno a ver la fauna y no a ver hombres con cascos y overoles por todo lado y cables y maquinaria regada por todas partes. Las turistas también se quejaron que mientras se estaban bañando en el río, los trabajadores petroleros desde los helicópteros las observaban. Uno de los impactos más fuertes fue el ruido que provocaban las operaciones petroleras en todo el área. El uso del mismo río por parte de las petroleras interfería con las canoas de turistas. Todas las agencias turísticas que operaban en el Cuyabeno se quejaron de que el turismo disminuyó enormemente en esa época que fueron aproximadamente 5 meses, incluso un operador turistico tuvo que cambiar de trabajo porque ya no tenía ningún contrato para el Cuyabeno.

En el año 2003 la única comunidad que presentó resistencia ante los trabajos de sísmica de la empresa EnCana fue la Comunidad Rey de los Andes, de población mestiza, que se encuentra ubicada dentro del bloque Tarapoa y limita con la Reserva Faunística Cuyabeno. A pesar de todas las estrategias utilizadas por la empresa, la resistencia de la comunidad no permitió la realización de la prospección sísmica y se denunció intentos de dividir a la comunidad por parte de la compañía petrolera.


Tipos de resistencia y tipos de agresiones

Hasta 1998 las aguas de formación (que se producían en una relación de 3,6 barriles por cada barril de petróleo) y los desechos tóxicos han sido arrojados sin ningún tratamiento al ambiente. La totalidad de las aguas superficiales y subterráneas se encuentran contaminadas. Los estudios de impacto ambiental de la misma compañía revelan un contenido en fenoles, grasas y aceites de diversos orígenes superiores a los permisibles y el oxígeno disuelto en algunos casos es deficiente. Los análisis efectuados por la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas refieren que la concentración de hidrocarburos en algunas de las muestras es 7.500 veces más alto que lo permitido para aguas aptas para el consumo humano. Estas aguas son tomadas por la población indígena y campesina de la región.

Los derrames de crudo han sido muy frecuentes, ya sea por desbordamiento de piscinas como por ruptura de tuberías al encontrarse sumamente deterioradas. Se registró un gran derrame en el año 90 en el campo Fanny que contaminó una extensión de más de 20 hectáreas en zona pantanosa y a pesar de los intentos de la compañía por tapar estos daños sembrando una especie de helechos que se adaptan a aguas saladas, el área sigue contaminada hasta la actualidad. El irrespeto a las leyes de conservación ha sido permanente.

En 1996 City ingresó sin autorización a la Reserva Faunística de Cuyabeno y Territorio Ancestral Siona. Solo después de la denuncia nacional City/Pacalta salió del territorio. Sin embargo poco tiempo después la empresa logra la licencia para realizar la exploración sísmica 3D en 17.000Has dentro de la reserva. La licencia, otorgada por la Ministra del Ambiente Lourdes Luque, generó gigantescos impactos ambientales, sociales y culturales, tras las más de 10.000 explosiones subterráneas que se realizaron. Frente a la agresión que sufre esta reserva, única en el mundo, los gobiernos locales de Cuyabeno, Putumayo, Lago Agrio, Consejo Provincial de Sucumbíos, operadoras turísticas, universidades, Acción Ecológica, organizaciones campesinas, juntas parroquiales y la Cámara de Turismo conformaron un Comité de Defensa del Cuyabeno, cuyo objetivo era lograr la salida de la empresa petrolera de la Reserva y la declaración de intangibilidad de toda esta área protegida.


Estrategias de la empresa

a) Convenios:

La estrategia de la empresa ha sido en su inicio hacer convenios, independientemente de lo que en ellos se diga, porque lo que no ha tenido ha sido la voluntad de cumplirlos, así las protestas campesinas han sido frecuentes en el sector, manteniéndose una relación de amor y odio con la empresa que ha polarizado a la comunidad entre los que tienen trabajo dentro de la empresa y los que no. Así, ante el pedido de las comunidades de que se les dote de agua potable, la FOCAN incluyó este punto en el Convenio que firmó con la empresa, la cual hábilmente redactó el pedido de tal manera que a lo que se comprometía no era a dotar de agua potable a la población sino a facilitar la perforación de pozos profundos para obtener agua. En la evaluación del convenio, la empresa enseñó las facturas de los trabajos de perforación y dijo que si cumplió con lo que ofreció pero que lamentablemente no encontraron agua en esos pozos.

b) División de las comunidades

Ante las protestas que la Federación de Organizaciones Campesinas de Aguas Negras (FOCAN) realizaba en el sector, por no poder sacar sus productos ante los altos niveles de contaminación, la empresa crea en 1999 la Fundación Ñanpaz (Caminos de paz). Esta fundación, presidida por Pat Trotier, esposa de Gwyn Morgan (Presidente de AEC), se financió con fondos de CIDA (Agencia Internacional Canadiense de Desarrollo), fondos de la empresa AEC y del Fondo Ecuatoriano Canadiense (EC). Las oficinas de Ñanpaz en Tarapoa semejan un castillo construido con el dinero del petróleo y protegido por las fuerzas de seguridad de EnCana. Aquí funciona una granja integrada de modelo sustentable como ejemplo para la población local. El problema es que la granja es tan sofisticada que las técnicas desarrolladas allí están más allá del alcance de la mayoría de los campesinos para quienes fue construida. Con este proyecto cooptaron a los dirigentes de las comunidades, y a los que no se dejaron los desprestigiaron, desbaratando la organización local. Ñanpaz ha sido criticado por la población local y observadores por el uso incorrecto de fondos y por incompetencia general. Ninguno de los objetivos con la población se cumplieron y el Fondo EC le retiró los fondos, pero la organización FOCAN ya estaba destruida. La firma del convenio con los Siona de Puerto Bolívar y Tarapuya ocasionó un fuerte conflicto con las comunidades Siona de Orahuayá y Biañá quienes desconocieron inicialmente el convenio e intentaron destituir a los dirigentes de la ONISE. Después de ser divididos, todas las comunidades decidieron aceptar 340 mil dólares, para autorizar el ingreso de la compañía petrolera a realizar los trabajos sísmicos. La negociación fue facilitada por una ONG de desarrollo, el FEPP.

c) Asegurarse el apoyo de las autoridades

Fue acusada de apoyar al candidato que ganó en 1999 con fraude electoral en las elecciones cantonales.

d) Pagar para no limpiar

A partir del año 2000, la contaminación es tan grave e imposible de controlar que la empresa City/AEC inicia como estrategia la compra de tierras contaminadas para no tener que recuperarlas y poder seguir contaminándolas. Incluso compra tierras del Patrimonio Forestal del Estado.

e) Mantener limpia su imagen

En Canadá la empresa estaba en la lista de Fondos Éticos, de la cual fue expulsada por su agresiva política en Ecuador. Promovió que el Ministerio de Ambiente de Ecuador le entregue un premio en el 2002 por su preocupación ambiental y la ministra Lourdes Luque, le entregó. Ya existían precedentes, a principios de los 90 Fredy Ehlers le entregó el premio Planeta Azul a la empresa City, por innovación ambiental, aunque el desastre ocasionado durante años nunca fue mencionado.

f) Estrategia de guerra contra las comunidades

AEC, en el 2000, cambia las relaciones comunitarias y pone al frente de éstas a un militar experto en inteligencia, en estrategias de guerra, el coronel Fausto Paredes. Con él la presencia militar se convierte en una constante y refleja el miedo de la empresa tras el secuestro de algunos de sus trabajadores por, lo que algunos atribuyen a, la guerrilla colombiana. El Coronel no deja de serlo, pues firma como tal en documentos ante la Defensoría del Pueblo.

Así, en agosto del 2001, se denunció cómo 50 militares, entraron en la finca de la familia Chávez (dirigente de la FOCAN) y dispararon cientos de balas indiscriminadamente contra la casa, obedeciendo las órdenes de la empresa, tras la denuncia de ésta de que los hijos eran supuestos guerrilleros. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) denunció que ésta fue una acción contra quienes cuestionan los procedimientos de explotación que lleva a cabo EnCana pues el campesino Chávez era muy crítico a las formas de operación de la empresa.

Esta opción militar se convierte en la principal estrategia de la empresa dispuesta a reprimir a una población a la que criminaliza. Meses más tarde, en noviembre del 2001, ante las protestas campesinas por la apertura de un nuevo pozo en el centro poblado de San José de Tarapoa, a menos de 200m de la escuela, AEC forzó la firma de un acuerdo que beneficiaba solamente a la empresa, y le eximía de responsabilidades en los siguientes 15 años. Para ello utilizó sustancias tóxicas no determinadas, en la comida que fue brindada por la empresa a los dirigentes antes de iniciar el diálogo. Estos campesinos, en verdadero estado de excitación, firmaron los documentos que la empresa les presentó sin leer y fueron retenidos más de 14 horas por el ejército, con la intención de trasladarlos a Quito para ser procesados bajo el cargo de subversión y atentar contra los bienes de la empresa. Cuando la población que esperaba a sus dirigentes conoce de las intenciones de la empresa, se enfrentan a un ejército que disparó indiscriminadamente, lanzaron bombas lacrimógenas y arrastraron a dirigentes y les golpearon con exceso de violencia. Cuando estos hechos se hicieron públicos, a los dirigentes les ofrecieron casas, dinero y/o tierras, para silenciarlos.

Sólo cuatro meses más tarde, el 22 de marzo del 2002. El Municipio de Cuyabeno declara NO GRATA a la Empresa Alberta (hoy Encana), “por actos de deslealtad ejecutados contra el pueblo de Cuyabeno por medio del ejército y el poder represivo al servicio de sus instalaciones”. La declaración se refería a un nuevo acto represivo en el que el Subteniente Edison Yambay, del ejército ecuatoriano, recibiendo órdenes de la empresa, “ordenó un ataque vil cobarde y a mansalva con bala de fusil contra indefensos moradores del Cantón Cuyabeno; producto del cual hubo (6) heridos de consideración”. El acto de represión se dio tras las protestas de la población en un paro pacífico de toda la provincia, en el que la empresa criminalizó a los pobladores, y el ejército trajo un batallón de élite de otra provincia (Pastaza). La población denunciaba como los soldados bajaban del helicóptero disparando en un verdadero acto de guerra contra la población civil y como seguían disparando desde los vehículos que la empresa petrolera puso a su disposición.

Tres meses después de este último incidente. Lejos de evitar este tipo de sometimiento del ejército a los designios de la empresa, y lejos de evitar nuevos enfrentamientos, AEC firma un convenio con las Fuerzas Armadas (10 de junio del 2002, con validez para 5 años), donde se compromete al Batallón de Selva nº 19 Napo a realizar patrullajes coordinados con la empresa, con puestos fijos y retenes móviles, para el control de armas, explosivos e indocumentados, “proporcionar apoyo inmediato a la empresa en caso de emergencia (...) y proporcionar información a la empresa sobre las actividades desarrolladas y planes a implementar por las Fuerzas Armadas”.

A cambio la empresa se compromete a “proporcionar al personal militar que ejecuta la seguridad en las respectivas jurisdicciones: alojamiento, combustible, alimentación, equipo de seguridad industrial, gastos de operación (9 vehículos con estaciones de radio, 10 radios), asistencia médica, mantenimiento y seguro personal”. Finalizando con que la empresa “si conviniere a los intereses de las partes, éstas podrán acordar un apoyo adicional”.

Cada vez que hay derrames un operativo militar impide el acceso al mismo de la prensa, trabajadores municipales, ecologistas o comuneros. El mensaje es taparlo, quitar el negro y evitar el rostro de suciedad de una empresa que para lavar su imagen pone por delante el verde militar, mientras acusa a los campesinos de provocar los atentados para evitar pagarles indemnizaciones. Desde la firma del acuerdo el ejército ofrece a la empresa este ‘apoyo adicional’.

Tal vez el caso más claro sea el sucedido el 7 de abril del 2005 en Chiritza, donde se produjo un derrame por la ruptura de una tubería de la empresa Encana, con una cantidad aproximada de 6000 barriles de crudo (según versión de El Comercio 10/abril/2005): El área contaminada fue inmediatamente militarizada impidiendo el acceso a los medios de comunicación, al equipo técnico de monitoreo del Municipio de Lago Agrio y a los mismos propietarios de las fincas donde se produjo el derrame. La presencia militar no permitió verificar la acusación de los personeros de EnCana, que alegaron que el desastre se había dado por un atentado a la tubería; sin embargo la evidencia de rotura del tubo fue sacada de la zona sin haber tenido ninguna verificación técnica o judicial de la acusación (Acción Ecológica, 2005).

Pero no solo se esconden descaradamente ‘las pruebas’, en este caso se miente sobre la cantidad de crudo derramado y criminalizan sin pruebas y al instante a la comunidad: Un funcionario de EnCana (el ingeniero Rigoberto Poveda) dijo que “se percataron del accidente a eso de las 12 de la noche, y logran solucionar el problema a las 04H00”, sin embargo, después de cuatro horas de derrame el ingeniero Luís Ayala, del Ministerio de Energía y Minas señala que: “apenas han sido regados 80 barriles de crudo y ya se han recogido 60 barriles”; también el ingeniero Fernando Benalcázar Gerente de EnCana, manifestó que: “este es el 4to atentando por miembros de las comunidades y no se harán cargo de ninguna compensación, únicamente luego de un acuerdo con la comunidad se establecería la posibilidad de contratar de 15 a 20 personas de la comunidad para los trabajos de limpieza” (Acción Ecológica, 2005).

Según la ley, si el desastre es resultado de atentados, no habrá indemnizaciones, ya que, no sería responsabilidad de la empresa. Con estas acusaciones las empresas como EnCana pretenden ocultar su rostro más sucio con la complicidad del Ejército Ecuatoriano. Se quitan la responsabilidad de sus propios atentados contra el medio ambiente, que sí está penado por la Constitución ecuatoriana. Esta práctica, ya es habitual, así, en un informe del Ministerio de Energía y Minas, que recoge en marzo del 2005 los 28 derrames de las empresas privadas en Ecuador, entre el 2003 y 2004, las empresas argumentan derrames mínimos o “no cuantificados” y en 26 de ellos reconocen que no pagaron un solo centavo de indemnización (DNH, 2005).

Referencias

Título: Atlas Amazónico del Ecuador: Agresiones y resistencias. Subtítulo: Inventario de impactos petroleros. Publicado por: Acción Ecológica, CONAIE.

Primera edición: enero 2006. En: http://www.accionecologica.org/petroleo/reporte-de-monitoreo/604-atlas-amazonico


• Acción Ecológica. 2005. Nuevo derrame de Encana. 7 abril. Boletín de prensa.

• AEC. 2002. Convenio de cooperación en seguridad militar entre el M. de Defensa nacional y la Cía. AEC.

• Almeida, Alexandra. 2003. Resumen sísmica en el Cuyabeno. Documento sin publicar.

• Almeida Alexandra. 2003 “ Casos de Resistencia al Petróleo en Ecuador” agosto

• CCCC (Comisión de Control Cívico de la Corrupción). 2001. Boletín de Prensa No. 86 (8/16/2001)

• DNH (Dirección Nacional de Hidrocarburos) 2005. Oficio nº 69-DNH-TIH, dirigido al Sr. Vicente Taiano como Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional. Quito. 10/marzo.

• Hoy. 21 de Diciembre de 2004. Inversiones petroleras llegan a $2.331,7 millones. http://www.hoy.com.ec/NotiDinero.asp?row_id=193622

• Latinpetroleum. 2005. http://www.latinpetroleum.com/article_3665.shtml

• Merino, Luis 2002. Informe: “Un vistazo a la zona de Dorine. Situacion Ambiental” Tarapoa. Octubre.