AGIP en Ecuador

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La empresa se ha valido de personajes siniestros para Ecuador como el ex ministro René Ortiz, quien tiene en su currículum trabajar para AGIP durante 10 años, cargo que abandonó para posesionarse como Ministro de Energía y Minas. Con este cargo firmó la entrega a Occidental de los campos petroleros Limoncocha y Edén Yuturi, generando un perjuicio al Estado de más de 125 millones de barriles de reservas de petróleo; propició, sin ninguna base jurídica, el acuerdo de entendimiento entre empresas privadas (Arco, Repsol-YPF, Oxy, City y Oryx) involucradas en la construcción de un oleoducto, el OCP, que compita con el estatal SOTE. Pretendió otorgar beneficios a la empresa Agip a través de acuerdos con Arco para la instalación de equipos, lo que suponía un perjuicio para el Estado de 18 millones de dólares y que fue detenido por la denuncia de los trabajadores petroleros (Acción Ecológica, 2000). Incrementó las tarifas que recibían las empresas comercializadoras del gas, donde Agip controla un 40%, esto provocó un perjuicio al Estado de 82 millones de dólares por año, de igual manera, entregó al consorcio Arco-Agip una cuota de 10.000 barriles de crudo pesado para ser transportado por el SOTE, lo que disminuyó la calidad del crudo nacional; es parte del Foro Petrolero que pretende la privatización de la empresa nacional y a mediados del 2005 ostentaba el cargo de abogado de la empresa Occidental pretendiendo que el Estado no le rescinda el contrato a Occidental a pesar de las graves violaciones contractuales y atropellos cometidos por ésta.

Contrato para el bloque

En Julio de 1988 la compañía Arco firmó un Contrato de Prestación de Servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque 10. A finales de 1999 la empresa Arco salió del país y AGIP, perteneciente a ENI de Italia, quedó como única operadora del bloque con el mismo tipo de contrato. Actualmente en el bloque 10 las inversiones están amortizadas por lo que cabría suponer que la mayor cantidad de ganancias que genera este bloque es para el Estado, sin embargo la empresa está produciendo el barril de crudo a un costo que entre el 2001 y 2004 ha alcanzado cifras escalofriantes (14,15 dólares en el 2001; 13,58 (2002); 15,53 (2003) y 17,96 para el 2004), que si se comparan con el valor del barril de petróleo esos mismos años (16 dólares en 2001; 19 (2002); 22,60 (2003) y 28,50 en el 2004) demuestran que no es rentable para el Estado la explotación petrolera de esta empresa, sobre todo si el precio de producción del crudo por Petroecuador era de 2-3 dólares para esos mismos años. Petroecuador está subvencionando a Agip (Santos, 2005).

A pesar de esto, en abril del 2003, Agip solicitó al gobierno cambiar el tipo de contrato al de participación y quedarse con el 80% frente al 20% para el Estado. El gobierno no respondió favorablemente a estas pretensiones y Agip anunció que ponía en venta sus intereses en Ecuador. Sin embargo esta idea no prosperó y Agip continúa operando el bloque 10.

Otras actividades empresariales en el país: Comercialización de gas doméstico. Y participación en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Convenios El papel de AGIP en sus relaciones comunitarias deja entrever un desprecio racista: • AGIP firmó un convenio, el 28 de marzo del 2001, con 6 comunidades Huaorani (Tiweno, Tarangaro, Damointaro, Akaro, Enkeriro y Kiwaro) para entregar a cada una de ellas 50 kilogramos de arroz y 50 de azúcar, dos baldes de manteca y una funda de sal, un pito para el árbitro, dos balones de fútbol, un cronómetro, una pizarra y una bandera de Ecuador; 15 platos, 15 tazas, 15 cucharas y un armario con 200 dólares en medicinas (AGIP, 2001). • La petrolera también acordó brindar a los indígenas un curso para promotores de salud y entregarles una radio, una batería, un panel solar y 3.500 dólares para construir un aula escolar, y becas para maestros. • Las comunidades se comprometían en autorizar a Agip la construcción de una plataforma petrolera, tender un ramal de oleoducto, dejarle extraer crudo y evitar que se den nuevos asentamientos de Huaorani en la zona. Pero además les hacen firmar que “las comunidades serán las únicas responsables, por accidentes, daños a terceros, afectación del medio ambiente o cualquier otro tipo de responsabilidad” o, dicho de otra manera, la víctima es responsable de su muerte. El senador italiano Francesco Martone, del partido político de Los Verdes, denunció que la AGIP, con este convenio "ha suscrito un contrato de compra a los indígenas Huaorani de la Amazonía ecuatoriana, a fin de que éstos no se opongan a las operaciones de la compañía, tal como ocurrió en Nigeria". Sin embargo, añadió "dicho acuerdo viola los derechos humanos de los indígenas". Martone se preguntó: “¿Porqué el Gobierno italiano no vigila que se cumpla la enmienda del Senado que obliga a respetar los criterios ambientales y humanos en Ecuador?"; y anunció la petición de cuentas sobre ese contrato al ministro italiano de la Actividad Productiva, Antonio Marzano, mientras la eurodiputada de Democráticos Izquierda (DS), Martha Vicenzi, dijo que presentaría el caso al Parlamento Europeo. "Esto parece la época de la Conquista, cuando se compraba a los indios de esa forma", reflexionó Giuseppe De Marzo, presidente de la Asociación A Sud, que trabaja con los movimientos sociales del sur del mundo y está en 30 ciudades italianas (Prensa Verde, 2005).